Florida acelera la construcción del polémico centro migratorio “Alligator Alcatraz” en los Everglades

En un movimiento que ha sacudido el panorama político, ambiental y humanitario en Estados Unidos, el estado de Florida ha iniciado la construcción de un gigantesco centro de detención temporal para migrantes en el corazón de los Everglades. Apodado “Alligator Alcatraz” por su ubicación remota y salvaje, este campamento busca albergar a miles de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en su mayoría con antecedentes penales.

La instalación se ubica en el Dade-Collier Training and Transition Airport, un aeródromo abandonado dentro de la Reserva Nacional de Big Cypress, a unos 80 kilómetros al oeste de Miami. La zona, poblada por caimanes, pitones, panteras de Florida y otras especies, ha sido catalogada como «inhóspita», pero, precisamente por ello, ideal para este tipo de detención según autoridades estatales.

El diseño de “Alligator Alcatraz” elimina la necesidad de muros o vallas perimetrales: el entorno natural actúa como disuasivo para posibles fugas. Las estructuras serán temporales —carpas de alta resistencia térmica, baños portátiles y módulos de control— aunque el complejo podría mantenerse activo por meses.

Las obras comenzaron el lunes 23 de junio y se espera que la instalación esté operativa entre finales de junio y principios de julio. Inicialmente se habilitarán 1.000 camas, con capacidad de expansión hasta 5.000 en 30 a 60 días, dependiendo de la presión migratoria. Según el fiscal general de Florida, James Uthmeier, el estado ya firmó contratos con empresas logísticas para acelerar la habilitación del sitio.

El costo operativo estimado supera los 450 millones de dólares anuales, destinados principalmente al alquiler, instalación y mantenimiento de la infraestructura temporal. El gobierno estatal ha gestionado un acuerdo con FEMA para obtener reembolsos por parte de fondos federales de emergencia, una medida que ha sido criticada por desviar recursos pensados para catástrofes naturales. La compra del terreno se concretó por 20 millones de dólares, muy por debajo del valor estimado del mismo, que ronda los 190 millones según fuentes del condado Miami-Dade.

Este proyecto forma parte de una estrategia estatal agresiva en materia migratoria. DeSantis ha impulsado una serie de leyes y medidas para restringir la presencia de indocumentados en Florida, incluyendo detenciones locales bajo acuerdos 287(g), criminalización de la residencia sin papeles, y deportaciones estatales.

“Alligator Alcatraz” cuenta con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha enfrentado su propia presión por la sobrepoblación en centros migratorios tradicionales, especialmente en Texas y California. La colaboración federal en el proyecto ha generado tensiones en el Congreso, donde algunos demócratas acusan al gobierno de Joe Biden de ceder ante el discurso migratorio republicano.

El proyecto incluye la instalación de carpas térmicas reforzadas, remolques climatizados, baños portátiles y módulos administrativos. La Guardia Nacional de Florida estará a cargo de la vigilancia, y la pista del aeropuerto permitirá el transporte aéreo masivo de detenidos por parte de ICE.

El proyecto ha sido duramente criticado por organizaciones ecologistas, que alertan sobre un “daño irreversible” al ecosistema. Los Everglades son una reserva internacional de la biosfera, hogar de especies únicas en peligro de extinción, como la pantera de Florida. La alteración de humedales, la contaminación por residuos y el tránsito masivo de vehículos pesados ya están generando cambios en el hábitat.

La organización Friends of the Everglades calificó la obra como “una violación a todas las recomendaciones de gestión ambiental responsable en una zona protegida”. Además, advirtió que la instalación podría afectar la calidad del agua que abastece a millones de residentes del sur del estado.

La tribu Miccosukee ha protestado públicamente, asegurando que no fueron consultados ni informados sobre la instalación en un territorio que consideran ancestral. Líderes tribales señalaron que el proyecto viola tratados federales de protección a pueblos indígenas y representa una afrenta a su cosmovisión, que vincula espiritualmente a la comunidad con esa tierra.

“Lo que están construyendo es una prisión en territorio sagrado, sin permiso, sin respeto, sin diálogo”, denunció el portavoz tribal William Osceola.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó su rechazo rotundo a la iniciativa, acusando al gobierno estatal de actuar “a espaldas de la comunidad” y sin realizar estudios de impacto ambiental, ni ofrecer una evaluación pública del proyecto. También denunció que el terreno fue adquirido por solo 20 millones de dólares, aunque informes internos lo valoraban en casi 190 millones.

“No se puede improvisar un campo de concentración moderno bajo el pretexto de una emergencia”, expresó Levine Cava. “Estamos hablando de vidas humanas en condiciones climáticas extremas, sin infraestructura sanitaria ni supervisión adecuada”.

Defensores de derechos humanos han calificado la medida como una forma de “detención inhumana encubierta”. Las temperaturas en los Everglades pueden superar los 40 °C en verano, con altos índices de humedad, presencia de insectos transmisores de enfermedades y fauna peligrosa.

Organizaciones como Human Rights Watch y ACLU han solicitado acceso inmediato a los planos del centro, alertando sobre posibles violaciones del debido proceso, condiciones indignas de reclusión y maltrato sistemático a los detenidos.

Para muchos, “Alligator Alcatraz” simboliza el giro radical que ha dado Florida —y posiblemente el país— en su trato hacia los migrantes. Bajo un manto de legalidad estatal y con apoyo federal discreto, se consolida una política migratoria cada vez más punitiva, más alejada de los principios humanitarios tradicionales del sistema de asilo estadounidense.

Mientras el centro avanza hacia su inauguración, la presión social, legal y ambiental también se intensifica. La decisión del gobierno de Florida podría sentar un precedente para nuevas instalaciones en otras zonas remotas del país, y deja abierto un debate urgente sobre los límites éticos, ecológicos y legales de la política migratoria en Estados Unidos.