Este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que las multas que acumulan cientos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos quedarán anuladas si estos individuos cumplen con una condición, la autodeportación hacia sus países de origen empleando la aplicación CBP Home que se ha estado promoviendo desde hace varios meses por la administración de Trump y que está diseñada para facilitar el proceso seguro y expedito de los inmigrantes.
“Con un vuelo gratuito, un estipendio de 1,000 dólares y el perdón de las multas, los inmigrantes ilegales no tienen excusa para quedarse en Estados Unidos”, destaca un comunicado del DHS en su cuenta de X este 9 de junio.
Con la nueva estrategia, el estado pretende incentivar y apoyar la autodeportación como la alternativa principal para aquellos que se encuentran en situación irregular en el país. Los beneficios que se brindan son la anulación total de las sanciones civiles acumuladas por permanecer en el país, viaje sin costo hacia la nación de origen y na compensación de mil dólares, que se otorgará al confirmar el regreso.
“La autodeportación es la forma más segura y económica de salir de EE.UU. Al autodeportarse, los inmigrantes indocumentados controlan su salida y pueden conservar la oportunidad de regresar a EE. UU. de forma correcta y legal en el futuro”, enfatiza el anuncio del DHS. Asimismo, se ha facilitado el diseño de la aplicación CBP Home con el fin de que el procedimiento sea más fácil de utilizar disponible en dispositivos iOS y Androide y en la página web del DHS.
Quienes ignoren estas opciones tendrán que enfrentarse a las consecuencias de acuerdo con las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Si se encuentra aquí ilegalmente, use la aplicación CBP Home para controlar su salida y recibir apoyo financiero para regresar a casa. Si no lo hace, estará sujeto a multas, arresto, deportación y nunca podrá regresar”.
Este método representa una táctica de severidad para aquellos que decidan quedarse, mientras se ofrecen incentivos legales y financieros a quienes opten por salir de manera voluntaria.
En 2018 las autoridades estadounidenses bajo el primer mandato de Trump revivieron un reglamento en materia de inmigración que se aprobó en 1996. Esta antigua ley en la actualidad se está empleando para aplicar sanciones financieras diarias a migrantes que desobedecen las órdenes de deportación dictadas por los jueces de inmigración.
Hasta el momento, las sanciones aplicadas suman cerca de 1,8 millones de dólares y perjudican a alrededor de 4,500 personas migrantes. Funcionarios han señalado que el total de las multas aplicadas a 1,4 millones de individuos con órdenes de deportación finales podría exceder los 500 millones de dólares, información que se corroboró recientemente por un alto cargo a Reuters, aunque prefirió no revelar su nombre.
Las sanciones, que pueden ascender a 998 dólares al día, se imponen de manera retroactiva durante un período de hasta cinco años. Los avisos se emiten por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que la responsabilidad de llevar a cabo posibles confiscaciones recae en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Los migrantes disponen de un plazo de 30 días para presentar una apelación, la cual debe ser hecha bajo juramento y acompañada de pruebas documentales.
Wendy Ortiz es un caso que en las últimas semanas ha llamado la atención de la comunidad latina. Se trata de una madre de 32 años que reside en Pensilvania y lleva diez años dentro de EE.UU. Trabaja en una planta de procesamiento de carne por 13 dólares la hora y recibió una multa de 1.8 millones de dólares.
Se conoce que Ortiz dejó su nación debido a la violencia en el hogar y a las amenazas de grupos criminales. Su hijo, que tiene seis años y es ciudadano de los Estados Unidos, vive con autismo. Atravesó la frontera de México-EE.UU en 2015 y se le consideró el miedo creíble por las autoridades estadounidenses materializándose su libertad. En el 2018 sin citación judicial la deportaron in absentia.
En el mes de enero, la abogada Rosina Stambaugh interpuso una petición de ayuda humanitaria. Argumentó que Ortiz se encontraría en serios riesgos si volviera a El Salvador, además de que su hijo podría verse privado de sus tratamientos. Solicitó confidencialidad en el proceso y la reactivación del caso, pero la dinámica alteró con el retorno de Trump a la presidencia. Ocho abogados confirmaron a Reuters que las multas oscilan entre varios miles y pueden alcanzar los 1.8 millones de dólares.
Uno de los abogados, Robert Scott, verificó que su clienta, una mujer mexicana residente en EE.UU. desde hace 25 años, recibió la sanción más alta. Ella no estaba informada sobre la existencia de una orden de deportación que data de 2013. Situaciones parecidas impactan a hogares con autorización migratoria diversa.
Una mujer estadounidense, llamada Rosa, reportó que su cónyuge hondureño fue sancionado con una multa de 5,000 dólares. A pesar de haber obtenido la salida voluntaria en 2018, él no dejó el país porque estaba recibiendo tratamiento para el cáncer. Especialistas en derecho anticipan un aumento en disputas legales y desacuerdos en los tribunales en el futuro cercano.
