Madre hondureña residente en Florida deberá pagar multa de 1.82 millones de dólares por residir de forma ilegal desde 2005

Una inmigrante de nacionalidad hondureña que reside hace casi dos décadas en Estados Unidos se enfrenta a una situación bien compleja después de que no cumpliera su orden de deportación que se emitió en el año 2005 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La madre de tres hijos deberá pagar la asombrosa suma de 1.82 millones de dólares de acuerdo con un reporte de CBS News.

La agencia de noticias informó que la mujer de 41 años de edad recibió el pasado 9 de mayo de parte de las autoridades de ICE una comunicación que le indicaba pagar 500 dólares por cada día que permaneció en los Estados Unidos desde que se le notificó que abandonara el país. La penalización se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, un conjunto normativo que se ha empleado pocas veces para aplicar sanciones como estas.

Michelle Sánchez quien es abogada y representa a la inmigrante manifiesta que su clienta no se presentó a una audiencia relacionada con inmigración en el año 2005 por lo cual el juez ordenó que se emitiera una orden de deportación en su contra. No obstante, la mujer ha vivido en el país desde entonces con tranquilidad, sin que se le hayan imputado sanciones y cuenta con tres hijos ciudadanos estadounidenses los cuales en caso de que la madre fuera de portada se enfrentaría a escenarios bien complejos.

El año pasado la hondureña presentó una solicitud para que se revisara su caso y poder revocar esa orden de deportación, pero no se esperó que en marzo del presente año ICE le denegó su petición, bajo el argumento de que el gobierno de Trump no tiene definidas las pautas sobre la discrecionalidad en los procesos que se implementó en la administración anterior.

“ICE está aterrorizando a las personas sin siquiera arrestarlas, enviando estas notificaciones con multas exorbitantes que muchas veces superan lo que una persona gana en toda su vida”, cuestionó la jurista ante la prensa.

La letrada señaló que, si bien la comunicación otorga la posibilidad de desafiar la penalización a través de una reunión individual con ICE, proceder sin el respaldo de un abogado podría exponer a los inmigrantes a un peligro de deportación urgente. “Es como meterse en la boca del lobo”, argumentó Sánchez.

Como medida la abogada dijo que impugnará la sanción argumentando que su defendida o recibió la información necesaria sobre las implicaciones de retirarse del país después que le notificaron su orden de deportación. El caso es uno de los primeros en que la agencia del gobierno emplea cláusulas civiles de la Ley de 1952 para aplicar a los inmigrantes elevadas cifras en sanciones financieras.

Durante el mandato de Donald Trump el gobierno estadounidense ha hecho hincapié en la decisión de emplear todos los mecanismos legales que estén a su alcance para llevar a cabo todas las políticas migratorias lo que incluye un registro para quienes se encuentran en el país sin la debida autorización y aplicar sanciones, encarcelamiento o ambas.