Cubana que vive en EE.UU preocupada por el estatus legal que tendrá su bebé si se limita el derecho de ciudadanía por nacimiento

Una mujer de nacionalidad cubana que reside en Estados Unidos experimenta una gran preocupación, además del alto riesgo que tiene su embarazo de 30 semanas, que está relacionada con una de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La inquietud de la fémina está basada en la orden ejecutiva que busca implementar el mandatario para limitar el derecho de ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres indocumentados o en situación temporal.

En una entrevista que ofreció a The Associated Press explicó su temor por esta situación. «Me asusta mucho que mi bebé nazca sin ciudadanía, porque no sería ciudadana de este país. Solicitar la ciudadanía cubana no es una opción porque estamos huyendo de ese país», manifestó la persona que se identifica como Bárbara.

Lamentó, además que si no le otorgan la ciudadanía por nacimiento estaría en una encrucijada que no tiene idea de cómo poder resolver. «Realmente no sé qué futuro le espera a mi bebé. Me aterra que nazca sin ciudadanía. Sería como si fuera apátrida. Es terrible», confesó a la agencia de noticias.

La cubana que tiene 35 años de edad en estos momentos está viviendo en Kentucky que es uno de los estados del país que no intervino en los litigios contra las medidas antiinmigrantes de Trump, lo que significa que en caso de que la Corte Suprema emita un fallo a favor del presidente la colocaría en una situación de riesgo inminente.

Por el momento varios tribunales federales de distintos estados han vetado la iniciativa de Donald Trump, sin embargo, recientemente el republicano instó a la Corte Suprema que restrinja estos dictámenes solo a quienes han hecho de forma directa la demanda, lo que permitiría que niños que nazcan en estados como Kentucky nazcan sin que se consideren por las autoridades como ciudadanos estadounidenses.

Este terrible escenario podría resultar un rompecabezas complejo de regulaciones en dependencia del estado, generando circunstancias en la que dos menores que nacen en el mismo hospital, en la misma fecha tendrían un estatus legal diferentes.

Bárbara trabajó como abogada en Cuba antes de salir en compañía de su esposo, su hija de cuatro años y sus padres con destino a Estados Unidos buscando escapar de la isla por motivos religiosos. En estos momentos todos se encuentran solicitando asilo político en EE.UU y forman parte del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, uno los grupos que ha interpuesto demandas para garantizar el derecho de ciudadanía por nacimiento.

«No quisiera que mi hija creciera en una sociedad que la excluye. Como ciudadana, tendrá muchos derechos. No sé exactamente a cuántos lugares no podría acceder si no fuera ciudadana», cuestionó la antillana.

La directiva del presidente busca dar un nuevo enfoque a la decimocuarta enmienda de la Constitución que establece lo siguiente: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen».

Después de la decisión del caso Wong Kim Ark en 1898 esta disposición se ha entendido como un mecanismo para garantizar la ciudadanía de aquellas personas que nacen en territorio estadounidense sin que se tenga en cuenta la situación migratoria de sus progenitores, exceptuando los hijos de diplomáticos o adversarios en tiempos de guerra.

Trump y sus seguidores sostienen que aquellos que se encuentran en el país de manera ilegal o con una visa temporal no están sometidos a la jurisdicción de EE. UU., lo que implica que sus hijos no deberían recibir la ciudadanía de forma automática. En la orden ejecutiva el magnate neoyorquino calificó la ciudadanía por nacimiento como un regalo profundo e invaluable.

El Departamento de Justicia mantiene como argumento legal ante la Corte Suprema que la disminución de estas resoluciones judiciales emitidas por los jueces federales es muy elevada. «La necesidad de la intervención de este Tribunal se ha vuelto urgente, ya que las órdenes judiciales universales han alcanzado niveles de tsunami», dijo John Sauer, procurador general de EE.UU.

Entre los nueve magistrados del tribunal superior, al menos dos de ellos -Clarence Thomas y Neil Gorsuch- han mostrado su desacuerdo con las sentencias que tienen efecto en todo el país. Es posible que otros jueces estén dispuestos a considerar una evaluación de esta costumbre.

En contraste, Matt Platkin, fiscal general de New Jersey quien está liderando una de las demandas contra la orden de Trump es del criterio que por ahora no se deben evaluar esas medidas puesto que la iniciativa del mandatario va en contra de las legislaciones vigentes.

«Creo que este es un vehículo muy imperfecto para plantear la cuestión de las medidas cautelares a nivel nacional… porque es evidente que la Decimocuarta Enmienda se aplica de manera uniforme en todos los estados si uno nace aquí», señaló Platkin.

La nacionalidad por origen es únicamente una de las diversas estrategias migratorias que el gobierno de Trump busca implementar a través de acciones urgentes.

Otras sugerencias comprenden anular la libertad condicional por razones humanitarias para más de 500,000 individuos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, así como eliminar las protecciones legales provisionales que benefician a alrededor de 350,000 venezolanos.

Asimismo, el gobierno continúa lidiando con conflictos judiciales debido a sus esfuerzos por aplicar una normativa de hace tres siglos -la Ley de Enemigos Extranjeros- con el fin de expulsar de manera acelerada a presuntos integrantes de pandillas hacia una cárcel en El Salvador. Por el momento, Bárbara sigue en la incertidumbre entre consultas médicas y procesos de asilo, a la espera de que la Corte Suprema determine si su hija, nacida en EE.UU., obtendrá la plena ciudadanía.