Jueza federal indica a las agencias de policía cancelar la implementación de la ley de inmigración de Florida

Este martes una jueza federal comunicó a los abogados de Florida que todas las agencias policiales debían cumplir con la orden que impide la implementación de la ley estatal de inmigración, independientemente de que el fiscal del estado ordenara lo contrario en una carta que emitió hace unos días.

Durante una sesión en Miami, la jueza Kathleen Williams anunció su intención de establecer una orden preliminar contra una ley estatal que penaliza a los inmigrantes indocumentados que ingresan a Florida eludiendo a las autoridades migratorias. En febrero, el mandatario Ron DeSantis autorizó la medida dentro de los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir la inmigración no autorizada.

Williams el pasado 4 de abril dictó una orden de restricción que se mantendrá por 14 días, poco después de que la Coalición de Inmigrantes de Florida y otros grupos respaldados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interpusiera una demanda.

La jueza tras conocer que la Patrulla de Carreteras de Florida había detenido a más de 12 individuos, entre ellos un ciudadano estadounidense, prorrogó la orden por 11 días adicionales. La reclamación sostiene que la legislación reciente infringe la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU. al interferir con las competencias federales.

En la sesión del día de ayer la magistrada cuestionó al abogado de la Fiscalía General de Florida, Jeffrey DeSousa, sobre la razón que motivó al fiscal general, James Uthmeier de ordenar a todas las agencias del orden de Florida que no estaban obligados a obedecer la orden de Kathleen.

El letrado le manifestó que la postura de su institución es que la decisión de un juez solo afecta a las partes implicadas en la denuncia actual. La jueza preguntó sobre la lógica de permitir que los policías arresten a los individuos sin una razón válida si los fiscales después no podrían llevar a cabo un proceso legal, lo cual dejó sin palabras al letrado de la fiscalía estatal.

Jeffrey también sostuvo que las personas que interpusieron la demanda podían formular una demanda para cada agencia de la policía en vez de hacer una dirigida contra el fiscal general, al fiscal estatal y los 20 integrantes de esa institución.

Según Oscar Sarabia Roman, el abogado de la ACLU, no sería factible incluir en su demanda a las 373 agencias policiales estatales. Manifestó que la instrucción de la jueza debería poseer la potestad para impedir que las fuerzas policiales locales implementen la nueva legislación.

Tras la ampliación de su orden el 18 de abril por parte de Williams, Uthmeier dirigió un comunicado a las autoridades estatales y locales, orientándoles que se abstuvieran de hacer cumplir la ley, a pesar de su desacuerdo.

Sin embargo, cinco días más tarde, envió un nuevo memorando en el que argumentaba que la jueza había cometido un error legal y que no tenía la autoridad para impedir que los agentes de la policía local hicieran cumplir la ley. Desde el segundo memorando de Uthmeier, no se han reportado más arrestos.