La Resolución 293-2020 del Ministerio de Finanzas y Precios establece que desde el 1 de diciembre de 2020 las personas que arriben por los aeropuertos o por cualquier otra frontera de Cuba, deberán pagar 30 dólares por las pruebas de Covid-19, para fuentes jurídicas consultadas por Diario de Cuba, esta tarifa es «inconstitucional y amoral», y tiene como único objetivo que el régimen capte divisas.
Abogados opinan que el Gobierno cubano no debería, bajo ningún concepto, aumentar el costo de los viajes o restringir los servicios gratuitos de salud a los ciudadanos residentes que entran o salen del país. Al tiempo que alegan viajar está recogido dentro del «derecho humano al movimiento», protegido por el Artículo 52 de la Constitución.
Según los juristas, el cobro de la tarifa es inconstitucional porque viola los Artículos 41 y 42 de la Carta Magna, que garantizan los derechos fundamentales y la igualdad entre ciudadanos para «disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios».
Por otra parte el Artículo 72 de la Constitución establece, que «la salud pública es un derecho (…) y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, (…). El Estado, para hacer efectivo este derecho, instituye un sistema de salud a todos los niveles accesible a la población (…)», legislación que también se viola.
Los extranjeros residentes en Cuba estarían amparados por el Artículo 91, inciso e, el cual los equipara «a los cubanos en el disfrute de los derechos (…) reconocidos en esta Constitución».
Asimismo el régimen también viola el Artículo 3 del Reglamento Sanitario Internacional, que establece su aplicación «con respeto pleno… a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas».
Exentos del pago de los 30 dólares por el PCR, solo están «los tripulantes de naves o aeronaves cuya estancia en el territorio nacional sea menor a 24 horas», de acuerdo a la resolución del Ministerio de Finanzas y Precios.
Por último los abogados reiteran el Gobierno cubano incumple el reglamento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su propia Constitución al cobrar el derecho a los servicios de salud y restringir la libertad de movimiento.
El Artículo 40 del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ratificado por Cuba, excluye del pago de tasas a «viajeros que pretenden obtener residencia temporal o permanente».
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