Bar Efe en el Vedado

Según las últimas disposiciones del gobierno cubano dirigidas al sector privado, quienes discriminen a otras personas ya sea por su color de piel, género, orientación sexual, o discapacidad serán sancionados con multas de 2000 pesos y hasta podrían perder sus licencias, como ha reportado el Diario de Cuba.

La medida, amparada en el Decreto-ley No. 357, es la segunda en cuanto a gravedad entre las penalizaciones que recoge esta legislación acerca de las contravenciones personales en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, prevista en el artículo 7.1, inciso l, junto con otras doce causas que merecerían similar tratamiento, precisó el periodista oficialista Francisco Rodríguez Cruz en su blog Paquito el de Cuba.

“El uso discrecional y abusivo del llamado derecho de admisión es uno de los pretextos que con mayor frecuencia esgrimen propietarios, custodios o dependientes de establecimientos particulares para discriminar a quienes manifiesten abiertamente su orientación homosexual o identidad transgénero; sean de piel negra o mestiza; e incluso porque les parezcan, por su apariencia personal, de un estatus económico o poder adquisitivo inferior al que pretenden para su clientela”, condenó.

La organización que lleva Mariela Castro Espín, el Centro Nacional de Educacion Sexual (CENESEX), condenó un evento discriminatorio recientemente en el Bar Efe del Vedado, donde una pareja gay trató de tomarse una foto mientras se besaban y fue maltratada por el equipo de seguridad del local.

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“El CENESEX está al tanto de lo ocurrido recientemente en el capitalino Bar Efe y, en consecuencia, está trabajando por conocer detalles de los hechos, asistir en el proceso a las personas que fueron afectadas e informar a las autoridades competentes”, dijo en su perfil de Facebook.

Como esta estipulado en el decreto legal, “una persona afectada por una conducta discriminatoria de esta naturaleza tendría que acudir para denunciarla y probarla ante los supervisores de las direcciones integrales de Supervisión provinciales y municipales, subordinadas a los respectivos consejos de la Administración provinciales y municipales del Poder Popular (gobiernos locales)”.

La aplicación de estas medidas comenzarán en diciembre de este año. Sin embargo todas van dirigidas a la penalización del sector privado, cuando de igual forma en la administración estatal trabajadores están expuestos a discriminación por sus preferencias sexuales.