A lo largo del mes de octubre, se produjeron en Cuba alrededor de 578 detenciones arbitrarias a opositores, de acuerdo a un informe mensual, que elabora la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

Según la Comisión, la cifra ha sido la más alta en lo que respecta a 2017, faltaría diciembre.

Durante septiembre del año en curso, existieron 253 detenciones, la cifra disminuyó en ese mes.

Sin embargo, la organización señala que “el descenso relativo observado el pasado mes de septiembre en cuanto a represión política se debió a razones puramente coyunturales (incluyendo que) los opositores debieron proteger a sus familias de huracanes que asolaron la Isla)”.

Asimismo se verificó y registró “13 casos de agresiones físicas, 27 actos de hostigamiento y 2 actos de repudio contra disidentes”.

El informe expone que los sucesos fueron perpetrados o motivados por la “poderosa y masiva policía política secreta” y sus oficiales, quienes gozan de total impunidad en este tipo de actos.

El documento acota que: “Durante el mes que se informa, el gobierno continuó violando, de manera deliberada, el derecho de los cubanos a la libertad de movimiento (como parte de la transgresión masiva e institucionalizada de todos los derechos civiles y políticos) prohibiendo la salida al extranjero de al menos ocho pacíficos opositores, así como la entrada a la Isla de la Sra. Ofelia Acevedo, viuda del líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas”.

También hizo alusión al aumento de la cifra de presos políticos en la Isla caribeña. Solamente en septiembre, la organización verificó el encarcelamiento de cuatro nuevos prisioneros por razones políticas. Mientras el mes pasado, fueron puestos tras las rejas otros dos activistas “en prisiones de alta seguridad”.

Con respecto “al proceso de nominación de candidatos a delegados del llamado poder popular, a nivel de circunscripciones, el informe denunció que “fue absolutamente manipulado y sirvió de ocasión para que el régimen exhibiera su musculatura represiva y su enorme capacidad de intimidación”.

Además de las amenazas contra postulantes independientes y el férreo control en sus viviendas, la Seguridad del Estado, junto a la policía política implementó diferentes estrategias para acallar cualquier “tímido intento de nominar a candidatos independientes”.

(Con información de Martí Noticias)