Sergio Osmín Fernández Palacios, Doctor en Derecho Cum Laude obtenido en España hacía gestiones para subsanar la situación que padecía Labiofam, icónica entidad biotecnológica cubana.

Para el gusto de los burócratas que estaban al frente de la entidad que se dedica a producir medicamentos, Fernández Palacios y el resto del equipo de abogados ponían demasiado empeño en hacer cumplir las disposiciones legales.

A los directivos no les era fácil librarse del fastidio que les proporcionaba la rectitud del abogado, y terminaron recurriendo a cesar a los juristas, dejando al Grupo Empresarial sin asesoría legal.

Mediante una “Denuncia Abierta”, dirigida al Fiscal General de la República, con copia a otros organismos y a la prensa, el abogado alude a las “serias violaciones en actos de comercio exterior” en que ha incurrido Labiofam, de las cuales informó en su momento cumpliendo con su cargo en la entidad de asesor legal.

Asimismo cita fragmentos de una sentencia del Tribunal Supremo que apunta al “torticero actuar administrativo del Grupo cubano.

Fernández Palacios menciona en el texto, los antiguos vínculos entre varios jerarcas de la entidad biotecnológica y el señor Ovidiu Tender, ciudadano rumano que hoy cumple en su país una sanción de 12 años y 7 meses de prisión por su papel protagónico en actividades de lavado de dinero y en defraudaciones multimillonarias.

Como se supone en el período en que se fundaron esos vínculos, todavía no se había condenado a Tender, connotado delincuente internacional, sin embargo la causa penal transcurría desde años anteriores. Las acusaciones sobre el rumano eran públicas y notorias. Como se puede deducir el Director General de Labiofam y otros directivos tenían conocimiento de ello.

El abogado cuestiona: “¿Cuál autoridad del Estado cubano dio la autorización a esos tres directivos de Labiofam para contactar y negociar, en Rumanía y, seguidamente, en Cuba, con dicho empresario, desde 2013 hasta 2015, estando acusado en medio de un Proceso Judicial de tan extraordinaria envergadura, por la naturaleza de los delitos perpetrados, de unánime repulsa internacional; o es que actuaron por su propia cuenta y riesgo, con la participación de la Embajadora de Cuba en Rumanía?”

Otra interrogante expuesta en el escrito es: “¿Cómo fue posible que dicho empresario rumano, con sentencia en su contra en el 2014 dictada por el Tribunal de primera instancia en Rumanía, entró en nuestro país, obtuvo un permiso de residencia y continuó negociando impunemente con ciertos directivos de Labiofam(…)?

Osmín Fernández Palacios declara también que la expulsión del grupo de juristas efectuada por razones inconfesables, dio lugar a que la entidad quedara sin asesoría legal, y dejaran caducar las patentes vinculadas con los productos Vidatox, Ferrical y Acitán, con pérdidas cuantiosísimas para el Gobierno cubano.

El letrado prosigue: “¿Cómo es posible que también los mismos Directivos hayan involucrado a una entidad cubana, bajo el control y supervisión del Ministerio de la Agricultura, con Mozack & Fonseca, en el caso mediático ‘Panama Papers’, sobre ocultamiento de capitales en Bahamas?”

La turbia relación entre el delincuente rumano y la diplomacia cubana salen a la luz, otro escrito fue dirigido al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en éste el Doctor en Derecho pregunta directamente: “¿Ud. autorizó a la Embajadora de Cuba en Rumanía a participar directamente en el contacto entre Directivos de Labiofam y Ovidiu Tender en pleno Proceso Judicial de Lavado de Activos y Defraudación(…)?

La única respuesta a los cuestionamientos de Fernández Palacios, ha sido el silencio. Sólo ha sabido que un primera Fiscal se declaró incompetente para llevar la denuncia, otra funcionaria evitó el tema con unas oportunas vacaciones, y hasta ahora el jurista nada sabe de sus denuncias.

Sin embargo, Labiofam continúa alzando su condición de supuesto emblema de la Revolución Cubana.

(Con información de Cubanet)