El régimen anuló recientemente más de medio centenar de contratos a quienes vendían en puntos móviles de la Agricultura Urbana, nada más en Cabaiguán, limitó las licencias de los vendedores ambulantes de productos agrícolas y decomisó “no pocas libras de mercancía”, de acuerdo al reporte del periódico oficial Escambray.

Dichas medidas no son nuevas, y están estrechamente relacionadas a los anuncios que realizaron las autoridades en 2017, y que siguen recibiendo numerosas críticas, cuestión que al Gobierno no le importa.

Elgio Moya Camacho, uno de los pocos carretilleros que sale a vender en Cabaiguán, dice al medio local: “Quieren que vendamos el tomate a dos pesos con diez centavos la libra y, sin embargo, el domingo en la Feria el Estado lo vendió a cinco pesos en (el Mercado Agropecuario Estatal) La carpa roja”.

Rebtel y Cuba en Miami llamadas a Cuba


“Llevo 20 años con patente y dos años sin multa y de ahora para ahorita nos quitaron la licencia. Los productos que se venden aquí se traen de otros lados; por ejemplo, la malanga y el boniato, de La Habana, y si el campesino te vende el boniato a 1.70 pesos la libra tú no lo puedes vender a peso. Con licencia es y estamos como bandoleros. Los que quedan son cuentapropistas, pero están en el filo del cuchillo”, detalla.

Escambray recogió otras quejas como que el cese de los contratos llegó sin avisos, o que el campesino opta por venderle a los vendedores ambulantes porque la estatal Acopio no paga.

Otros cuentapropistas opinaron: “Hay precios que se han disparado, es verdad, pero el listado de precios (topados) que hay tampoco es coherente, es absurdo”.

En varias ocasiones han sido entrevistados carretilleros, que piensan que el Gobierno no tiene en cuenta el costo de conseguir los productos agrícolas, entre ellos el del transporte de los mismos, a veces a sitios distantes.

De igual modo, denuncian presiones sobre los propios campesinos, víctimas también de imposición de precios y de las metas de entrega al área estatal.

En 2017 y en lo que va de año en Sancti Spíritus, la Policía ha decomisado 2.200 quintales de productos a bordo de unos 37 camiones, y se han impuesto 738 multas, recoge Escambray.

No obstante al medio de prensa estatal, no le parece “sorprendente” que un municipio eminentemente agrícola con más de 3 mil productos y 54 bases productivas no puedan llevar la producción del surco a las placitas.

Mencionan la sequía, el huracán Irma, culpando de la situación a Acopio, que pretende que le lleven los productos de manera casi gratuita a la ciudad.

Entre las licencias que el Gobierno paralizó en agosto pasado, están la de los carretilleros o vendedores ambulantes.

    (Con información de Diario de Cuba)