La Organización de Naciones Unidas (ONU) publica un informe en el que considera “vergonzosos” a 38 estados, entre ellos Cuba, China y Rusia, por haber reprimido o intimidado a través de asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias a personas que cooperan con el organismo en materia de derechos humanos.

El jefe de la ONU, Antonio Guterres, de igual modo incluyó denuncias de prohibiciones de viaje, malos tratos, vigilancia, criminalización y campañas públicas de estigmatización contra víctimas de abusos y defensores de los derechos humanos.

“El mundo tiene una deuda con aquellas personas valientes que defienden los derechos humanos, que han respondido a las solicitudes de proporcionar información e involucrarse con las Naciones Unidas, para garantizar que se respete su derecho de participación”, escribió el secretario general de la ONU.

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“Castigar a individuos por cooperar con las Naciones Unidas es una práctica vergonzosa y todos debemos hacer más por erradicarla”, añadió.

Guterres indicó que los gobiernos frecuentemente acusan a activistas de derechos humanos de terrorismo, o de cooperar con entidades extranjeras.

“(Hay una) inquietante tendencia al uso de argumentos de seguridad nacional y estrategias antiterroristas por parte de los Estados, como justificación para bloquear el acceso de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil a las Naciones Unidas”, acota el informe anual.

Del caso de Cuba, detalla el documento que el 11 de mayo del año en curso, el vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville denunció que la organización recibió informes de que autoridades en la Isla impidieron a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil embarcar en vuelos para salir del país a reuniones en el extranjero, incluyendo reuniones del organismo, entre ellos 14 cubanos fueron víctimas de la absurda prohibición.

Colville solicitó a Cuba que respetase el derecho de todos a las libertades de expresión y circulación, así como garantizar que a los defensores de derechos humanos y los representantes de la sociedad civil no se les prive sin justificación de la posibilidad de viajar.

Salió a relucir también la prohibición explícita por parte de las autoridades cubanas en relación a que los activistas antillanos cooperen con Naciones Unidas.

El régimen ha dicho que esas personas “no merecen ser categorizadas como ‘defensores de los derechos humanos’ debido a que reciben grandes sumas monetarias de parte de indebidas influencias extranjeras empeñadas en un cambio” de gobierno, y los tildó de “agentes extranjeros”, rechazando rotundamente las acusaciones en su contra por parte del organismo internacional.

(Con información de Martí Noticias)