“Usted se imagina, quitarnos nuestra casa, todo lo que construimos para dárselo a un funcionario del Gobierno… ¡Es el colmo de la corrupción en Cuba! Cómo va a ver inversión extranjera en este país… Si yo me repatrié, vine de Estados Unidos, amplié la casa de mi suegra, legalmente, levanté un restaurant con mis ahorros, se fueron todos, hasta mi hermano me prestó dinero, más cien mil pesos que me dio de crédito el Banco (Popular de Ahorro) y ahora debo; todo legal, y nos quitan la casa para que un integrante del Gobierno municipal se quede con ella”, explica un cubano al que le confiscaron la vivienda, donde tenía una paladar de comida criolla e internacional llamada “La Cascada”.

“Óigame, ese restaurant daba empleo a seis personas, y a mi mujer y a mí; desempleados y endeudados ahora: mi mujer y una empleada son mis codeudores”, explicó.

Zoila Aida Pla Rodríguez la esposa Nivardo Jacinto Hernández Cutiño, dueños del restaurante de éxito en Puerto Padre, dice que le inventaron que su madre era proxeneta, “y tratante de personas”.

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“En agosto de 2016, al mes de abrir el negocio, vino la policía; sin orden de registro, sin testigos, agresivos, con el pretexto de ´una ley nueva de Camagüey para acá´ registran el restaurant, y el oficial de lacra, Luis Carlos, posterior a los hechos causó baja de la policía, me pregunta que si tengo cuarto de renta, digo, no, la del cuarto es mi suegra, diciéndome: ´¡Abre ese cuarto, hay gente dentro!´ Y digo: Ábralo usted, ahí no hay nadie, y entonces entra y mira todo; claro, no había nadie; pero de ahí los detalles de las testigos en el juicio, y así y todo declararon mal; lo que dijeron no se corresponde con la realidad, el cuarto está ahí, pueden confrontarlo”, detalló el dueño del negocio.

De acuerdo a Nivardo, la policía puso a una testigo preparada por ellos a testimoniar, y eso “no es legal”.

Zoila le entregó al reportero de CubaNet, Alberto Méndez un hoja de papel que decía lo siguiente: “A quien pueda interesar, yo Maikel González, presidente del CDR (Comité de Defensa de la Revolución) No. 3, donde radica la compañera Nelsa Lucía Rodríguez Ávila a la que se hizo un proceso investigativo injusto”.

Según el hombre, en el barrio no investigaron nada, y el gobierno usa los CDR cuando les conviene.

“¡Gente decente, los testigos del abogado no los admitieron! Los testigos de la policía son tres prostitutas”, alegó.

La sentencia No. 208/2017 del Tribunal Provincial de Las Tunas detalla: “desestimándose los testigos de la defensa… pues los mismos tienen vínculos afectivos con la imputada…”

El matrimonio espera que en cualquier momento funcionarios de Vivienda aparezcan junto a la policía para desalojarlos de su casa.

“¡Me matan, tienen que matarme, yo no hago fuerza, pero de aquí yo no salgo! ¡Hasta el Papa se entera de esto!”, comentó Hernández Cutiño.

Nelsa Lucía Rodríguez Ávila de 60 años es la madre de su mujer, la suegra es licenciada en Educación, y fue maestra por más de 40 años, ella es respetada y querida por todo el vecindario.

Rodríguez Ávila fue hallada culpable de proxenetismo y trata de personas por el Tribunal Provincial de Las Tunas, la sentencia dice que fue condenada a “tres años de privación de libertad subsidiados por limitación de libertad”, lo que significa que tiene que estar recluida en su casa, sin embargo ya no tiene vivienda.

En marzo de este año, le confiscaron los bienes a la mujer, a solicitud de las autoridades policiales, decomisaron su casa, y la declararon “ocupante ilegal”, la resolución fue ratificada por el Ministro de la Construcción, que está por encima de Vivienda.

Ellos ahora serán sacados de su propiedad, y situados como arrendatarios en una vivienda de propiedad estatal.

La mujer explica “aquí vinieron de Vivienda a notificar a mi mamá meses atrás, pero mi mamá no está, entonces me dicen que nos tienen una casa allá por el campo, en Itabo No. 23, que es la casa de un joven llamado Dayron, que nuestra casa se la van a dar a un anciano postrado llamado Cirilo Marrero Bruzón…”.

“¡Usted se imagina, dos casas y un negocio para un anciano postrado! Porque son dos casas, tenemos la licencia de remodelación y ampliación, el certificado de habitable, el dictamen del arquitecto de la comunidad y la tasación, ya íbamos para la Notaría, sólo faltaba ése trámite cuando nos dicen que no, que la policía mandó a paralizar lo que legalmente estábamos haciendo, yo incluso con un Poder Especial de mi suegra. De hecho, son dos casas, no una. Están en los planos del proyecto”, argumentó el repatriado.

“Bueno, después nos citan de Vivienda, vamos porque nos dicen que había un documento en el Gobierno donde decía que nosotros estábamos de acuerdo en salir de nuestra casa para ir a vivir al apartamento de Félix Castelló, director de Economía y Planificación del Gobierno…”, añade la hija de la inculpada.

Según Nivardo Jacinto, el señor postrado, de la casa de Itabo, “es suegro de Félix, y Dayron, a nombre de quien aparece la casa, es hijo de este señor del Gobierno; y el apartamento B-3, en el edificio 12 que nos propusieron después, está a nombre de Idelsi Marrero Labrada, su esposa; antes estaba a nombre de los dos, pero en marzo de este año él se quitó. Que investiguen”.

“Que Díaz-Canel mande a investigar esto. Ya es hora”, concluyó.